El analista político Carlos Cordero advirtió hoy que los conflictos generados por el avasallamiento de tierras, minas, el último conflicto generado en El Alto y el voto "indeciso" de las clases medidas en las ciudades, restarán votos al candidato oficialista Evo Morales.
A ello se suma conflictos de orden nacional, como el incremento de la delincuencia, el narcotráfico, terrorismo, que están impactando en las clases medias "indecisas que permeabilizarán el voto a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Las clases medias urbanas indecisas de las ciudades que siguen de cerca estos temas, podrían castigar a Evo Morales votando por uno de los candidatos de la oposición. La gente está molesta con las actitudes autoritarias del Gobierno, por lo tanto lo va a castigar", dijo.
Para el analista en temas políticos, las encuestas de intención de voto, demuestran que las clases medidas de las ciudades capitales e intermedias están consideradas como "indecisos".
ULTIMA ENCUESTA: El candidato de PPB-Convergencia Nacional, Manfred Reyes Villa, subió siete puntos en la preferencia electoral y se consolidó en las regiones que conforman la denominada "media luna", aunque se encuentra estancado en el occidente. Mientras que Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, sigue cayendo y se advierte una tendencia al desplazamiento de sus votantes hacia Reyes Villa, según el estudio de la empresa Greenberg, Quinlan & Rosner.
El estudio confirma, también, que se mantiene inalterable la ventaja que otras encuestas registran a favor del binomio oficialista Evo Morales -Álvaro García Linera. El tamaño de la encuesta es de 3.400 entrevistas, a razón de 400 entrevistas en cada departamento, excepto Pando, donde se levantaron 200 boletas. La muestra fue recogida entre el 15 y el 27 de octubre pasado.
La encuesta realizada a fines de octubre por la firma americana Greenberg, Quinlan & Rosner Research muestra que el presidente Evo Morales mantiene una preferencia superior al 50 por ciento, pero muestra un crecimiento sostenido de Reyes Villa hasta el 26 por ciento y una caída de Samuel Doria Medina hasta el 11 por ciento de intención de voto.
DOS CATEGORÍAS: Cordero definió dos categorías que en última instancia inclinarán la balanza de la votación de los comicios del 6 de diciembre próximo. "El voto oculto, asociado al voto castigo que es una sanción al poder, que todavía no se lo dice por temor a represalias a ser visibilizado, al menos en el caso de los empleados públicos, pero ese voto emergerá el 6 de diciembre", sostuvo.
Finalmente Cordero advirtió que el candidato oficialista Evo Morales, no podrá lograr el éxito de la votación del referéndum revocatorio del domingo 10 de agosto de 2008. El 10 de agosto Evo Morales se impuso con el 67.47 por ciento de la votación. La Paz, ANF
“LLEVAREMOS LA VOZ DEL CABILDO DEL MILLÓN AL CONGRESO”
El ex líder cívico y candidato a primer senador por PPB-APB Convergencia Nacional habló con El Mundo sobre la propuesta de gobierno de su fuerza política, las perspectivas de resultados para el 6 de diciembre y la necesidad de fortalecer el proceso autonómico.
-¿Qué se juega el 6 de diciembre?
-Es muy importante su pregunta, porque la gente debe estar conciente de que esta no es una elección cualquiera, sino un momento clave para definir el rumbo del país. Un momento para decidir si vamos a seguir por la ruta totalitaria y de confrontación que promueve el gobierno o si elegiremos una vía alternativa, basada en el progreso social, el diálogo democrático y la integración nacional. El oficialismo tiene listo un “paquetazo” de 100 leyes para aprobar en la Asamblea Legislativa, muy similares a las que ha estado aplicando Chávez en Venezuela. Es un paquete de leyes donde se incluye una norma sobre vivienda urbana, donde van a darle poder al Estado para expropiar casas como en Venezuela. También preparan una ley de medios de comunicación, siguiendo el ejemplo venezolano y argentino, para controlar a la prensa. El paquete incluye una ley de cooperativas con la que buscarán intervenir o controlar lo que los cruceños hemos construido con tanto esfuerzo durante décadas, para transformarlo en un botín político. Y también hablan de una ley de regulación de derechos constitucionales, que es un absurdo completo, porque los derechos que están en la Constitución no tienen que ser regulados por una norma específica a menos que se quiera recortarlos o restringirlos, que es posiblemente su intención. Hay que evitar ese plan, que sólo significará más enfrentamiento y deterioro de la democracia.
-¿Cuál sería la propuesta alternativa de la que habla?
-Una propuesta que reconstruya la República y que dé solución a los grandes problemas de la población en materia de seguridad ciudadana, generación de empleo y lucha contra la pobreza. Las cifras de los últimos años en todos esos aspectos son preocupantes. En Santa Cruz tenemos 80 asaltos al día y el 95% de los delincuentes detenidos son liberados sin que cumplan una pena. Necesitamos descentralizar recursos para apoyar a la Policía Departamental, que debe bajar a los barrios y trabajar en coordinación con los vecinos, creando redes de cooperación con las juntas vecinales, las iglesias y organizaciones sociales de los diferentes distritos. No se puede hacer seguridad ciudadana sin participación ciudadana.
-¿El narcotráfico es un factor que agrava la inseguridad?
-Por supuesto, es una de las causas principales. La Iglesia Católica está en lo cierto cuando expresa su preocupación por el incremento en el consumo de droga, que provoca daños gravísimos en nuestra juventud. El gobierno no está haciendo nada para combatir al narcotráfico, más bien se diría que lo están tolerando o promoviendo. Los cultivos de coca llegan a las 30.000 hectáreas cuando lo legal son 12.000 y la producción de cocaína pasó de 80 toneladas anuales antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia a más del doble actualmente. De la mano del narcotráfico viene una serie de delitos, la narcoviolencia que produce crímenes terribles. Nosotros proponemos un combate en serio contra el narcotráfico y sus consecuencias. La seguridad ciudadana debe basarse en dos ejes: prevención y sanción. En el primero hay que trabajar en la recomposición social; tengamos en cuenta que con frecuencia los pandilleros son hijos de familias rotas por la migración al exterior de sus padres, familias que hay que recomponer, generando empleo para que muchos de los compatriotas que están fuera del país puedan volver a casa. En materia de sanción, tenemos una propuesta para endurecer las penas para crímenes como homicidio, violación y robo agravado. Hay que eliminar las medidas sustitutivas para los criminales reincidentes y también debemos penalizar a los administradores de justicia que retardan los procesos.
-Generar empleo para facilitar el retorno de los migrantes del exterior no parece algo fácil de conseguir.
-En Convergencia Nacional tenemos un plan para crear un millón de emprendedores, a través de la distribución de un subsidio de 1.000 dólares al millón de familias más pobres del país, para que generen sus propias microempresas. Queremos repartir cañas de pescar y no simplemente pescado. Es una propuesta detallada y concreta, que incluye un sistema de control y apoyo técnico por medio de un Fondo de Desarrollo Productivo. Hay que buscar mecanismos para que los emigrantes también puedan acceder a esas ayudas. Podemos pensar, por ejemplo, en que quien se repatríe con 1.000 dólares de su propio capital reciba otros 1.000 de subsidio para instalar una microempresa. Este plan del millón de emprendedores es fundamental, porque en los últimos años el desempleo siguió agravándose. Según cifras de la CEPAL, la desocupación creció del 8 al 10% desde que Evo Morales llegó a la presidencia, lo que significa que 200.000 personas perdieron su empleo. Las cifras de la pobreza son igual de preocupantes. De acuerdo a las Naciones Unidas, en Bolivia hay más de 130.000 nuevos pobres al año.
-¿De dónde piensan conseguir el financiamiento para el plan del millón de emprendedores?
-Bolivia tiene más de 8.000 millones de dólares en sus Reservas Internacionales, pero no tiene sentido que el Estado acumule riqueza sin que ésta llegue a la gente. El gobierno está movilizando 1.000 millones de dólares de las Reservas para dárselos a YPFB. Nosotros proponemos movilizar una cifra similar pero en un mecanismo de distribución directa, que le permitirá a la gente dinamizar la economía. Esta propuesta tendrá un efecto muy importante y contribuirá a sacar a Bolivia de la pobreza.
-Mencionaba recién a YPFB y eso trae a colación el tema de la corrupción.
-Cada vez es más evidente que la corrupción está siendo permitida o amparada por este gobierno. En el caso de las empresas estratégicas, tenemos que tecnificarlas y hacer que quienes accedan a desempeñar cargos en Yacimientos o en la Empresa Siderúrgica Mutún lo hagan a través de un concurso de méritos. Deben estar las personas más idóneas y no las que tengan carnet del partido de gobierno. La corrupción está haciendo que los recursos de los hidrocarburos no lleguen a la población, sino únicamente a un grupo de funcionarios masistas, como vimos en el caso de Santos Ramírez.
-¿Hay otros ejes principales en su propuesta?
-Un tema que me interesó mucho desde los tiempos de la presidencia de la CRE y que va a ser fundamental para el futuro cercano del país es el de la seguridad energética. Si no se hacen las inversiones necesarias para generar más energía, hay riesgos de que en muy poco tiempo comiencen los racionamientos de electricidad. A eso nos está llevando la falta de una política energética clara con este gobierno. Si no se toman medidas, no sería raro que Evo Morales termine como Hugo Chávez, diciéndole a la gente cuánto tiempo tienen para darse una ducha.
-El MAS recluta a ex unionistas y funcionarios de la Prefectura Departamental. ¿Está creciendo el partido de gobierno en Santa Cruz?
-Al contrario, creo que el reclutamiento de tránsfugas y la compra de conciencias es una estrategia electoral desesperada para tratar de mostrar que crecen en Santa Cruz, cuando las encuestas demuestran todo lo contrario. Los sondeos recientes le dan al MAS apenas el 23% de la intención de voto, mientras que Convergencia Nacional tiene entre 55 y 57%. Además, es una estrategia equivocada, que les está creando grandes problemas internos.
-¿Cuántos senadores tendría garantizados Convergencia con esos porcentajes?
-Estaríamos hablando actualmente de 3 senadores. Imagínese si todos los opositores votaran unidos en esta misma alternativa, en este frente amplio que es Convergencia Nacional. Podríamos estar hablando de lograr los 4 senadores de Santa Cruz. Lo importante es consolidar una alternativa política que represente a las grandes mayorías del departamento. Llevaremos la voz del “Cabildo del Millón” al Congreso, para hacer que se respete la voluntad popular expresada en dos referendos sobre la autonomía. Desde ahí vamos a impulsar una ley de reforma constitucional para modificar el régimen autonómico y ampliar las competencias departamentales. Tenemos que retomar y consolidar el proceso autonómico.
Santa Cruz, 9 de noviembre.- El candidato a primer senador por Convergencia Nacional, Germán Antelo, comentó hoy las declaraciones realizadas por el postulante a vicepresidente de esa fuerza política, Leopoldo Fernández, quien denunció una conexión entre el gobierno y el narcotráfico.
Antelo dijo que, en efecto, “Evo Morales sigue siendo presidente de los sindicatos cocaleros del Chapare, donde la mayor parte de la coca cultivada es ilegal y va a parar a la producción de cocaína. Por lo tanto, Evo es el presidente de los cultivadores de coca para cocaína”.
El candidato también se preguntó por qué el MAS no transparenta de dónde salen sus recursos de campaña: “¿Será que el narcotráfico es la fuente de esos fondos y por eso se niegan a transparentar sus fuentes de financiamiento?”.
“Evo Morales gobierna sólo para los cocaleros y se olvida de gobernar para todos los bolivianos”, concluyó.
Bogotá, 6 de noviembre.- La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, emitió hoy un comunicado condenando las medidas judiciales tomadas en contra del principal candidato de oposición, Manfred Reyes Villa, que incluyen, entre otras, la prohibición de salida del territorio boliviano.
Seguidamente, extractos del comunicado:
Estas medidas irregulares se suman al encarcelamiento del candidato a vicepresidente, Leopoldo Fernández, acusado injustamente -y sin condena alguna- de haber orquestado la masacre de Pando, cuya autoría recae sobre el gobierno de Evo Morales, como consta en el informe presentado por nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde hace al menos seis meses, el gobierno boliviano ha llevado a cabo una campaña de persecución en contra de la disidencia, responsabilizándola de todo tipo de crímenes. Sin embargo, lo hechos han demostrado que la culpabilidad de muchos de esos delitos recae sobre el propio gobierno, como es el caso del ajusticiamiento de tres jóvenes en el Hotel Las Américas, acaecido en Santa Cruz el pasado 16 de abril.
Se trata de una estrategia de criminalización -diseñada en Cuba y desarrollada en Venezuela- que obliga a los opositores a dedicar su tiempo y sus recursos a defenderse en los tribunales, mientras que los candidatos oficialistas cuentan con todo el respaldo del Estado para hacer campaña libremente. A Leopoldo Fernández ni siquiera le han dado acceso a los medios, para expresar sus opiniones y explicar sus propuestas.
Las elecciones bolivianas se asemejan a una pelea de boxeo, donde uno de los contrincantes está atado de pies y manos, y el otro está libre y, encima, coloca plomo en los guantes.
Por otra parte, existen serias irregularidades en el padrón electoral boliviano, semejantes a las del registro electoral venezolano. Se trata de un mismo esquema -presente en todos los gobiernos pertenecientes al ALBA- para cometer fraude electoral y perpetuarse ilegalmente en el poder, como lo han hecho Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega; y como pretendía hacerlo Manuel Zelaya.
UnoAmérica seguirá denunciando las violaciones a la democracia en Bolivia y se solidarizará con cualquier esfuerzo por establecer un sistema electoral libre y transparente. Por lo pronto, UnoAmérica considera que las elecciones presidenciales de diciembre están viciadas.
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