Advierte que si el Gobierno no cumple las resoluciones de la Corte Nacional Electoral, otras personas o instituciones podrían hacer lo mismo. Es impensable desestabilizar al presidente de la Corte Electoral porque ese organismo se quedaría sin quórum y el país sin elecciones. Tampoco sería admisible la amenaza del Gobierno de sentar denuncia ante organismos internacionales.
La Paz /OPINIÓN.- El conflicto de poderes creado por la decisión del Gobierno de no acatar la resolución de la Corte Nacional Electoral que autoriza al candidato vicepresidencial Leopoldo Fernández a mantener contactos con la prensa, plantea un conflicto de poderes que podría conflictuar a todo el país, advirtió el analista político y ex vocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte.
Entre los riesgos que plantea ese tema, está el que otras personas o instituciones también desacaten las resoluciones dela Corte Electoral , señaló Lazarte al desmenuzar, para OPINIÓN, las distintas aristas del asunto:
OPINIÓN: ¿Cómo analiza este conflicto de poderes planteado por la decisión dela Corte Electoral para que el candidato Leopoldo Fernández pueda contactarse con los medios de comunicación?
JORGE LAZARTE: El conflicto, que es efectivamente un conflicto de poderes, es un conflicto sobre principios a propósito de la candidatura de Leopoldo Fernández. Y de principios quiere decir que el Órgano Electoral ha tomado una decisión en su propio ámbito que es el electoral.
Este candidato, o cualquier otro, sólo tiene sentido en un proceso electoral y en un proceso electoral la única autoridad administrativa y jurisdiccional esla Corte Nacional Electoral que tiene, entre una de sus obligaciones, velar por las garantías de los electores sea como elegidos o como candidatos o, como simplemente ciudadanos.
La Corte emitió una resolución que, de acuerdo a un principio legal que está en el Código Electoral, es de cumplimiento obligatorio y es irrevisable y que, por tanto, obliga a todas las autoridades del país a su acatamiento.
Independientemente de sila Corte tuvo o no razón, y en este caso uno puede suponer que la Corte ha actuado conforme a derecho, formalmente y en su contenido, pero aún si la Corte se equivocara, la respuesta de las autoridades no debió haber sido negarse a cumplir esta disposición del Organismo Electoral, porque en el momento en que lo han hecho están desacatando una decisión del Organismo Electoral, aun suponiendo también que las críticas a la decisión puedan ser fundadas.
El Organismo Electoral actúa a petición de parte y lo hizo en un proceso sumarísimo, es decir un proceso rápido. El Gobierno ha equivocado el camino. No simplemente expresando su desacuerdo sino asegurando que no va a cumplir y, en ese momento, se abrió un conflicto entre dos poderes.
Habiendo un conflicto de poderes en Bolivia, no hay modo de resolver diríamos normativamente porque esta eventualidad debió haber pasado al Tribunal Constitucional, pero no hay Tribunal Constitucional en Bolivia. El Gobierno equivocó el camino porque debió haber recurrido directamente antela Corte a través de un memorial pidiéndole que revise su decisión, fundamentando este pedido de revisión, es decir, demostrando que la Corte ha cometido un error.
Pero mientras eso no ocurra se presume la legalidad de la resolución, este es otro principio constitucional. Y mientras no se pruebe lo contrario, esa decisión tiene validez jurídica. Por tanto el Gobierno se ha metido en un conflicto del que no estoy seguro salga bien, porque no habiendo posibilidad de resolver este conflicto de poderes, normativamente, lo que puede ocurrir es que se agrave y este conflicto termine también conflictuando al país.
La otra salida es que el Gobierno retroceda y puede ser que esa sea la decisión más juiciosa.
O: Ya no se cumplió la resolución dela Corte Electoral , pues no se permitió al candidato Fernández contacto con la prensa. ¿Qué corresponde ahora?
JL: Nada, simplemente cumplir la decisión dela Corte y como no han cumplido, la Corte no tiene los medios para hacer cumplir sus propias decisiones porque eso se hace con medios coactivos y esos medios coactivos los controla el Gobierno.
La Corte puede quedarse en esa resolución y por tanto seguir insistiendo en que tiene razón y el Gobierno que no, y el conflicto persistir pero perturbar las relaciones entre los dos poderes con sus efectos sobre el proceso electoral. Además, esto sienta un precedente y es que hacia delante, cualquiera que crea que las resoluciones de la Corte no están ajustadas a sus expectativas puede terminar no acatándolas.
O: ¿En su criterio,la Corte Electoral actuó correctamente con esa resolución?
JL: Yo creo que sí, en la forma y en el contenido.La Corte no podía excusarse no solamente con no tomar conocimiento de una demanda sino de no proteger las garantías que existen en un proceso electoral, que son de orden público, por tanto no es cualquier tipo de garantías. Y porque la persona que está en prisión preventiva no tiene sentencia ejecutoriada y por tanto no ha perdido sus derechos políticos y fundamentales.
La Corte no ha resuelto pedir que se lo ponga en libertad, simplemente que haga uso de un derecho elemental para un ciudadano, más aún si es candidato que es el derecho a la libre expresión que además, como se sabe, otros reclusos en el pasado han hecho uso y por eso mismo entiendo que el Gobierno ha equivocado el camino.
O: Este conflicto de poderes, ¿puede amenazar la estabilidad del presidente dela Corte Nacional Electoral?
JL: Si se agrava, no es impensable que esto pase. Algunas intervenciones desde sectores afines al Gobierno creen que la única manera de resolver el conflicto es que se vaya el presidente dela Corte , pero este es un pedido insensato porque si eso ocurriera, la Corte se queda sin quórum y no hay proceso electoral sin organismo que lo administre.
O: El Gobierno dice quela Corte se inmiscuyó en algo que no le compete, porque es competencia del Poder Judicial…
JL: En otros casos, en los cuales los presos pudieron hablar, no parece haber mediado la autorización de juez, pero aun suponiendo que fuera así, el Gobierno sólo puede opinar pero no puede decidir por sí mismo sila Corte tiene o no competencia. No hay ninguna facultad que le autorice al Poder Ejecutivo decidir sobre la legalidad de decisiones de otros poderes del Estado. Esta es una usurpación de funciones que le corresponde al Tribunal Constitucional.
Si de manera general el Poder Ejecutivo va a decidir si acata o no, a partir de lo que el Gobierno entienda que es legal o ilegal, entonces los otros poderes están demás, el Gobierno no puede decidir por sí mismo qué es legal o qué es ilegal. Puede opinar, pero en la medida en que se presume la legalidad está obligado a acatar aun si no está de acuerdo. Es el principio de legalidad de un Estado que se llama de derecho.
O: El Presidente dela República dijo que puede demandar a nivel internacional al presidente de la Corte Electoral y quienes apoyan a Fernández también anuncian una demanda internacional…
JL: Por un lado eso está adquiriendo relieve internacional, por la situación especial del proceso electoral en Bolivia y la presencia de observadores extranjeros. Normalmente se recurre a tribunales internacionales desde las personas privadas contra el Estado. No desde un órgano del Estado contra órgano del Estado, eso no es serio.
El conflicto entre un poder y otro tiene que resolverse en Bolivia, no hay ninguna institución internacional que pueda resolver esos conflictos.
Podrán las instituciones internacionales actuar con sus buenos oficios, pero jurídicamente no tienen ninguna capacidad para hacerlo y hace mal el Gobierno en anunciar que va acudir para resolver un conflicto que de acuerdo ala Constitución tiene que resolverse acá adentro.
Pero sí las personas privadas pueden recurrir a las instituciones internacionales, lo han hecho en el pasado, lo ha hecho el Vicepresidente dela República acusando al Estado boliviano de haber violado sus derechos constitucionales. Los unos sí pueden hacerlo, los otros cuando anuncian que van hacerlo no es serio.
No es inteligente lo que hace el Gobierno porque refuerza lo que quiere debilitar.
Entre los riesgos que plantea ese tema, está el que otras personas o instituciones también desacaten las resoluciones de
OPINIÓN: ¿Cómo analiza este conflicto de poderes planteado por la decisión de
JORGE LAZARTE: El conflicto, que es efectivamente un conflicto de poderes, es un conflicto sobre principios a propósito de la candidatura de Leopoldo Fernández. Y de principios quiere decir que el Órgano Electoral ha tomado una decisión en su propio ámbito que es el electoral.
Este candidato, o cualquier otro, sólo tiene sentido en un proceso electoral y en un proceso electoral la única autoridad administrativa y jurisdiccional es
Independientemente de si
El Organismo Electoral actúa a petición de parte y lo hizo en un proceso sumarísimo, es decir un proceso rápido. El Gobierno ha equivocado el camino. No simplemente expresando su desacuerdo sino asegurando que no va a cumplir y, en ese momento, se abrió un conflicto entre dos poderes.
Habiendo un conflicto de poderes en Bolivia, no hay modo de resolver diríamos normativamente porque esta eventualidad debió haber pasado al Tribunal Constitucional, pero no hay Tribunal Constitucional en Bolivia. El Gobierno equivocó el camino porque debió haber recurrido directamente ante
Pero mientras eso no ocurra se presume la legalidad de la resolución, este es otro principio constitucional. Y mientras no se pruebe lo contrario, esa decisión tiene validez jurídica. Por tanto el Gobierno se ha metido en un conflicto del que no estoy seguro salga bien, porque no habiendo posibilidad de resolver este conflicto de poderes, normativamente, lo que puede ocurrir es que se agrave y este conflicto termine también conflictuando al país.
La otra salida es que el Gobierno retroceda y puede ser que esa sea la decisión más juiciosa.
O: Ya no se cumplió la resolución de
JL: Nada, simplemente cumplir la decisión de
O: ¿En su criterio,
JL: Yo creo que sí, en la forma y en el contenido.
O: Este conflicto de poderes, ¿puede amenazar la estabilidad del presidente de
JL: Si se agrava, no es impensable que esto pase. Algunas intervenciones desde sectores afines al Gobierno creen que la única manera de resolver el conflicto es que se vaya el presidente de
O: El Gobierno dice que
JL: En otros casos, en los cuales los presos pudieron hablar, no parece haber mediado la autorización de juez, pero aun suponiendo que fuera así, el Gobierno sólo puede opinar pero no puede decidir por sí mismo si
Si de manera general el Poder Ejecutivo va a decidir si acata o no, a partir de lo que el Gobierno entienda que es legal o ilegal, entonces los otros poderes están demás, el Gobierno no puede decidir por sí mismo qué es legal o qué es ilegal. Puede opinar, pero en la medida en que se presume la legalidad está obligado a acatar aun si no está de acuerdo. Es el principio de legalidad de un Estado que se llama de derecho.
O: El Presidente de
JL: Por un lado eso está adquiriendo relieve internacional, por la situación especial del proceso electoral en Bolivia y la presencia de observadores extranjeros. Normalmente se recurre a tribunales internacionales desde las personas privadas contra el Estado. No desde un órgano del Estado contra órgano del Estado, eso no es serio.
El conflicto entre un poder y otro tiene que resolverse en Bolivia, no hay ninguna institución internacional que pueda resolver esos conflictos.
Podrán las instituciones internacionales actuar con sus buenos oficios, pero jurídicamente no tienen ninguna capacidad para hacerlo y hace mal el Gobierno en anunciar que va acudir para resolver un conflicto que de acuerdo a
Pero sí las personas privadas pueden recurrir a las instituciones internacionales, lo han hecho en el pasado, lo ha hecho el Vicepresidente de
No es inteligente lo que hace el Gobierno porque refuerza lo que quiere debilitar.
